Recomendaciones de la Economía Social Solidaria para la Agenda de Desarrollo Post 2015
Las organizaciones que figuran a continuación desean compartir, basadas en sus prácticas colaborativas, sus recomendaciones relativas a la Agenda de desarrollo post-2015 con las Agencias de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros.
Expresamos colectivamente nuestra profunda preocupación por el informe del Panel de Alto Nivel presentado al Secretario General Ban Ki-moon y su propuesta sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio post-2015 ofrecida durante el 68º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Consideramos que lo presentado no consigue abordar adecuadamente los enormes desafíos que la humanidad está encarando en un contexto de varias crisis globales sistémicas como resultado del modelo económico neoliberal que ha imperado en las últimas décadas.
Sugerimos que los gobiernos aprueben las recomendaciones recogidas en el informe elaborado por el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las organizaciones no gubernamentales (ONU-SENG) que lleva por título “Avanzando en las Recomendaciones Regionales a la Agenda para el desarrollo para después de 2015″. Este informe se ha basado en los resultados de una consulta exhaustiva realizada a varias redes y movimientos de los cinco continentes y fue entregado oficialmente a los Estados Miembros de Naciones Unidas por el Presidente del 68º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2013 (para más información, consultar el siguiente enlace: http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_s&id_article=4350). Respaldamos también los informes políticos redactados a partir de este informe.
Las propuestas que figuran a continuación se inspiran en algunas de estas recomendaciones (con modificaciones) y son consideradas por el movimiento de la Economía Social Solidaria como cruciales para alentar un cambio de paradigma real en el modelo de desarrollo; están además basadas en prácticas existentes. La Economía Social Solidaria es parte de la respuesta que se requiere actualmente y por ello debe ser debidamente reconocida y respaldada. Las recomendaciones están organizadas en cuatro ejes: 1 – indicadores para medir la pobreza, la desigualdad, el desarrollo y el bienestar material e inmaterial; 2 – Lograr la transición hacia una economía justa, social y solidaria; 3 – Adoptar un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos; 4 – Participación y transparencia en los procesos e instancias internacionales.
1 – Indicadores para medir la pobreza, la desigualdad y el desarrollo
1.1 La erradicación de la pobreza extrema sólo podrá lograrse mediante un enfoque holístico que se debe basar en la igualdad en la distribución de la riqueza y en el acceso a recursos naturales, a la sanidad, a las condiciones de vida y la educación: la concentración de la riqueza (en las finanzas, las tierras o las propiedades) debe ser valorada en su justa dimensión: resulta ser un obstáculo para el desarrollo. Consecuentemente recomendamos que el principal lema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (ODM) post-2015 sea el de “Lograr la igualdad para todas y todos”.
1.2 Cambio fundamental (paradigmático) de los indicadores de desarrollo: En una sociedad equilibrada se dan numerosos aspectos no monetarios como la auto-producción y el consumo, el cuidado de las personas vulnerables y dependientes, los lazos comunitarios, las redes de trabajo colectivo, la soberanía alimentaria incluyendo a las productoras y productores locales y su derecho a preservar el patrimonio de las semillas tradicionales, intercambiarlas y replantarlas mediante prácticas de agroecología, las cadenas de distribución directa entre productoras/es y consumidoras/es, el trueque, el respeto de la diversidad de género y su equilibrio, el respeto y el aprendizaje de la cultura tradicional, el respeto de todas las diferencias raciales, la conservación y desarrollo de las artes y la cultura, el acceso a un medio ambiente limpio, al agua, la tierra, al sustento y a la salud y a educación públicas, entre otros ámbitos. Algunas naciones indígenas de América Latina proponen una visión integrada de desarrollo que ellas llaman el BUEN VIVIR. En Asia se habla del Índice de Felicidad Nacional Bruta y en África de la propuesta Ubuntu. Estos conceptos se definen manejando un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten analizar de manera más integral el nivel de desarrollo y de bienestar de una nación, que integran las dimensiones económicas, sociales, políticas, éticas, étnicas, medioambientales y culturales y promueven la justicia y las libertades individuales y colectivas. Existen ejemplos paradigmáticos de políticas públicas y leyes constitucionales en diversos países que se basan en estos postulados. Recomendamos que estos indicadores sean considerados como referentes para evaluar la pobreza, la desigualdad y el desarrollo en los ODM.
1.3 Aprobar una meta para revertir las desigualdades crecientes que incluya: (i) una evaluación exhaustiva de las causas estructurales de las desigualdades; y (ii) las medidas dirigidas a superarlas, como las disposiciones de apoyo directo a las iniciativas de la ESS que expresan y respaldan las comunidades locales, que responden a las necesidades de la comunidad y mejoran sus recursos y su desarrollo de capacidades.
2 – Hacer la transición hacia una economía justa, social y solidaria
Existen cientos de miles de iniciativas económicas en todos los continentes basadas en prácticas colectivas intrínsecamente inclusivas, arraigadas en la comunidad y que fomentan una ciudadanía activa por la manera en que sus miembros interactúan. La emancipación de las mujeres, la igualdad religiosa y racial y el respeto por la diversidad son parte integral y esencial en este proceso. Este enfoque preserva e incluye las culturas indígenas y tradicionales y crea trabajo digno y sentido de pertenencia que revierte en beneficio de la comunidad. El empoderamiento de las comunidades y de sus miembros es una característica esencial de todas estas iniciativas.
Todas estas manifestaciones están naturalmente incorporadas en las iniciativas de la ESS como parte de su actividad económica, que atañe a varios sectores económicos de zonas rurales y urbanas, como la producción de bienes y servicios, el comercio justo, las cadenas de valor y distribución locales, el consumo responsable, los servicios financieros solidarios, la gestión de los recursos naturales, entre muchos otros. Las trabajadoras y trabajadores de estas iniciativas desarrollan procesos económicos que están relacionados íntimamente con su cultura, la conservación del medio ambiente y la cooperación mutua. En las zonas rurales, los campesinos y campesinas protagonizan un sinfín de iniciativas exitosas de agroecología que garantizan el derecho a la soberanía alimentaria en sus territorios. Estas iniciativas, en toda su diversidad respectiva, preservan el planeta, proporcionan trabajo decente y contribuyen a la lucha contra el cambio climático gracias a la reducción mundial de insumos agroquímicos y de organismos genéticamente modificados. También se ha demostrado científicamente que estos métodos alcanzan un mayor rendimiento en comparación con los derivados de la agricultura industrial.
Recomendaciones:
2.1 El bienestar de cada persona debería ser el objetivo principal de las políticas públicas nacionales de desarrollo económico. Por ello, recomendamos que la Economía Social y Solidaria sea un marco fundamental y que tenga un papel activo en la redacción de estas políticas públicas.
2.2 Objetivos e indicadores precisos para las políticas públicas y los mecanismos necesarios para crear un entorno favorable a la Economía Social Solidaria en términos de financiamiento, medidas fiscales de apoyo, cláusulas específicas para una contratación pública inclusiva, marcos legales adecuados y acceso a la educación. Estos objetivos acarrearán como efecto secundario la inclusión y desarrollo de los sectores más excluidos del sistema económico.
Ejemplos:
- Priorizar la inversión en la producción de alimentos agroecológicos y orgánicos a pequeña escala para satisfacer las necesidades de consumo local con prioridad sobre los mercados de exportación; promover la reforma agraria y la redistribución; legislar medidas de protección para evitar acaparamientos de tierras; promoción de la certificación de calidad basada en la evaluación y apoyo interpares; apoyo a la biodiversidad local y a los bancos de semillas criollas gestionados por la comunidad.
- Establecer marcos jurídicos apropiados en pro de la ESS proporcionando créditos sin intereses, cláusulas sociales y medioambientales para la contratación pública basada en la solidaridad, acceso preferente a las infraestructuras y fondos para la ayuda al desarrollo de estos campos.
- Organización de actos y campañas públicos para concienciar a más gente sobre las prácticas y propuestas de la ESS.
- Garantizar el derecho de autodeterminación de los territorios locales respecto a su modelo de desarrollo, incluido el derecho a decidir sobre la presencia y las actividades de empresas multinacionales.
2.3 Garantizar que los Fondos para fomentar el desarrollo económico sean transferidos mediante las herramientas locales de finanzas solidarias, como los bancos comunales (que son propiedad de la comunidad y están gestionados por ella), los fondos rotatorios, los institutos de microfinanciación comunitarios y las cooperativas de crédito locales, ya que son los actores más apropiados para la financiación del desarrollo local. Los bancos y fondos estatales debería ofrecer no sólo empréstitos, sino también apoyo al desarrollo de capacidades de estas iniciativas.
2.4 Asegurar el acceso universal a los bienes públicos (agua, tierras públicas, energía, aire, bosques, biodiversidad, diversidad, paz, educación básica y superior, salud, etc.) que son de todas(os) las(los) ciudadanas y ciudadanos y que por lo tanto no pueden ni ser comercializados ni privatizados. (a) Promover políticas que sean plenamente inclusivas y redistributivas: garantizar el acceso universal a los servicios públicos esenciales; (b) adoptar enfoques de gestión de los recursos naturales como la planificación y ordenación del territorio, la gestión de recursos comunes y el enfoque basado en los ecosistemas para establecer una gestión de los recursos naturales que sea local, democrática, integral y que garantice la sostenibilidad y el uso equitativo y la distribución de beneficios; (c) establecer objetivos claros para garantizar que la soberanía alimentaria y la protección de las semillas criollas nativas sean implementadas por los actores nacionales y locales pertinentes, especialmente con la inclusión de las personas y comunidades marginalizadas; (d) garantizar el derecho a la información por medio de políticas claras de democratización de los medios de comunicación, tanto en lo que respecta a la producción de contenido como a su difusión.
2.5 Promover la diversificación de las economías nacionales hacia formas de producción y consumo más localizadas, más intensivas en mano de obra, así como el comercio justo y solidario internacional y dejando atrás la explotación intensiva de recursos como la dependencia en las exportaciones de productos básicos (por ejemplo, actividades extractivas, minería y la agricultura industrial como el monocultivo). Esto también acarrearía la aprobación de políticas públicas que requieran que se visibilicen los procesos de producción para los consumidores finales.
2.6 Subordinar las relaciones existentes entre los Estados y el sector empresarial (incluyendo los llamados partenariados público-privado) a mecanismos vinculantes de transparencia y rendición de cuentas, así como a los imperativos de respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la garantía de la soberanía y autodeterminación de los Estados y las comunidades locales.
2.7 Contemplar obligaciones para responsabilizar directamente no solamente a las empresas sino también a los inversores por los impactos positivos y negativos derivados de sus actividades y de los proyectos en los que éstos invierten.
2.8 Fijar como objetivo el pleno empleo y el trabajo decente para todos y todas, articulando los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT y agregar a ello el derecho al trabajo asociativo y los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes.
2.9 Revisar y cancelar todas las cláusulas de los tratados internacionales de comercio e inversión que restringen la capacidad de los gobiernos para regular las inversiones extranjeras y comerciales en favor del interés público, imponen barreras a la transferencia tecnológica, evitan una fiscalidad justa, amenazan la biodiversidad y las culturas y sociedades tradicionales, así como otras medidas no compatibles con los objetivos del desarrollo sostenible.
2.10 Garantizar que la arquitectura del comercio proporcione la flexibilidad suficiente a los países en desarrollo para poder adaptar sus políticas comerciales de tal forma que los medios de subsistencia de las productoras y productores a pequeña escala y los sectores industriales incipientes queden protegidos, recibiendo los países en desarrollo un trato especial y diferenciado (SDT por sus siglas en inglés), un peso específico, operatividad y reconocimiento jurídico en la próxima fase de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Exigimos a la OMC que retire los alimentos de las negociaciones comerciales (incluidos los Tratados de Libre Comercio) para así poner fin a su mercantilización y especulación con sus precios.
2.11 Reformar la arquitectura financiera internacional implementando una serie de medidas para evitar la socialización de las pérdidas derivadas de las malas prácticas empresariales; aumentar la regulación financiera y revertir la financiarización de la economía de un modo tal que permita una transferencia de recursos de la economía financiera a la economía real; establecer objetivos claros para ayudar a erradicar los paraísos fiscales. Añadir mecanismos que ofrezcan transparencia pública y control democrático de los flujos de capital transfronterizos. Crear un impuesto internacional sobre las transacciones financieras para reducir la especulación y ofrecer fondos para fomentar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
2.12 Reformar y democratizar las instituciones financieras internacionales para: (i) asegurar un mayor protagonismo a los países en desarrollo, especialmente a los Países Menos Adelantados, (ii) dar una auténtica respuesta a las realidades y prioridades nacionales y regionales; (iii) catalizar la inversión productiva; y (iv) dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Las actividades de las instituciones financieras deben estar subordinadas a los imperativos de los derechos humanos y los marcos de desarrollo sostenible.
2.13 Cambio de matriz energética: (a) eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y las industrias nucleares; poner fin a los subsidios a las corporaciones transnacionales emisoras de carbono; y adoptar/aplicar el principio de “quien contamina paga” a través de medidas y objetivos cuantificables; (b) promover fuentes de energía limpias de carbono incluyendo la difusión de las energías solar y eólica y de la energía hidroeléctrica a pequeña escala; suprimir progresivamente la explotación de los combustibles fósiles y la energía nuclear, conllevando ambos cargas financieras, ambientales y sociales considerables.
2.14 Abordar eficazmente el cambio climático: suscribir un tratado internacional en materia de medio ambiente que sea justo, ambicioso y jurídicamente vinculante para proteger los derechos de la Madre Tierra, y que debería: garantizar que los parámetros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se ajuste a los límites ecológicos y plazos definidos por la ciencia; garantizar que la implementación de este acuerdo sea aprobada democráticamente por la población mediante mecanismos de consulta abiertos y transparentes; centrarse en los mecanismos de la economía social solidaria, comunitarios, no centrados en el mercado y de la agroecología, para enfrentar adecuadamente el cambio climático; evitar cualquier mercantilización de los recursos naturales, como por ejemplo el enfoque mercantilista de la denominada “economía verde”.
3 – Adoptar un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos
3.1 Adoptar el marco internacional de los derechos humanos incluyendo todos los acuerdos internacionales de derechos humanos que cubren toda la gama de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y ecológicos, así como los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, para guiar la formulación de políticas y la evaluación de impactos a escala nacional e internacional.
3.2 Revisar todos los protocolos, tratados y resoluciones de Naciones Unidas, especialmente los relativos a los derechos humanos, para incorporar un enfoque que contemple cuestiones de género y de diversidad.
3.3 Centrar los esfuerzos en controlar y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas marginadas, particularmente de aquellos que se enfrentan a desigualdades basadas en el género, la edad, la clase social, la etnia, el indigenismo, la orientación sexual, la identidad de género, la (dis)capacidad o su condición como migrantes, solicitantes de asilo o refugiados, muchos de los cuales han sido históricamente, sistemáticamente y continuamente excluidos. El derecho a la salud sexual y reproductiva debe ser también incluido.
3.4 Ofrecer mecanismos públicos de seguridad social, como el derecho a la jubilación, para las trabajadoras y trabajadores de iniciativas informales de economía social y solidaria, trabajadoras y trabajadores domésticos y productoras/es a pequeña escala.
3.5 Establecer objetivos centrados en los derechos de los jóvenes para garantizarles un futuro de paz con trabajo decente y calidad de vida. Deberían respaldarse y promoverse en este sentido las iniciativas de Economía Social Solidaria de y para los jóvenes, a través de medios económicos y técnicos y la promoción de la participación de los jóvenes en foros y redes de economía social y solidaria. Los jóvenes deben tener el derecho y el apoyo necesario para construir su vida personal, económica y política.
3.6 Someter la actividad de las industrias extractivas y del agronegocio a los imperativos de los acuerdos en materia de derechos humanos y de desarrollo sostenible, mediante (a) la adopción de marcos normativos sólidos para forzar a las industrias extractivas y del agronegocio a que rindan cuentas en relación con los abusos en materia de derechos humanos y abusos ambientales; (b) respetar, proteger y dar cumplimiento a los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento informado, previo y libre, a la libre autodeterminación y garantizar su acceso a las tierras, territorios y recursos, dado que los pueblos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada por las prácticas nocivas de las industrias extractivas y el acaparamiento de tierras; (c) valorizar y promover las iniciativas asociativas comunitarias que tienen un bajo impacto medioambiental en lugar del extractivismo de las corporaciones transnacionales.
3.7 Erradicar las barreras a la libre circulación de personas entre los países.
4 – Participación y transparencia en los procesos e instancias internacionales.
4.1 Apoyar los mecanismos de participación eficaz, clara y abierta del movimiento de Economía Social Solidaria en el recientemente creado Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social Solidaria, no sólo a nivel mundial sino también a través de procesos participativos nacionales y continentales que incluyan a los profesionales de la ESS, los legisladores públicos y las redes.
4.2 Recomendamos que, como una de sus primeras acciones, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre ESS convoque anualmente una conferencia con las diversas Agencias de las Naciones Unidas sobre los avances y los desafíos de la ESS, convergiendo así la existente Academia de la OIT sobre ESS, la Conferencia del UNRISD y otras actividades relativas a la ESS en una única actividad integrada y reforzada.
4.3 Incluir cláusulas vinculantes de derechos humanos y de ESS en los procesos de integración regional y en los mecanismos para el comercio entre naciones. La participación directa de la sociedad civil también se debe reforzar en estas instancias.
4.4 Cumplir con los derechos de participación y el acceso a la información en los procesos post-2015 y asegurar que estos derechos, junto con el derecho de acceso a la justicia, sean respetados, protegidos y cumplidos en todo gobierno, nacional e internacional.
Fuente: http://www.ripess.org
